Por: Melina A. Olivera y Maximiliano F. Parente.
Dos hermanos en el siglo XV querían estudiar arte, pero su padre no podía pagarlo. Lanzaron una moneda para decidir quién estudiaría, mientras el perdedor trabajaría en las minas para pagarlo. Albert perdió y trabajó 4 años para que Albrecht pudiera estudiar en la Academia. Albrecht se volvió famoso, pero cuando regresó, las manos de Albert estaban dañadas por el trabajo en las minas. Albrecht pintó "Manos que oran" en homenaje al sacrificio de su hermano.
En el marco de la segunda Marcha Federal Universitaria
realizada durante la gestión del actual gobierno nacional, creemos necesario
profundizar en las razones por las cuales se debe estar a favor del reclamo por
mayores recursos destinados al sostenimiento de nuestras universidades
públicas.
En el año 1949, el presidente Juan Domingo Perón, a
través del Decreto 29.337, eliminó los aranceles universitarios. El
General definió dicha gratuidad como “la conquista más grande”, fue un punto de
inflexión en nuestro país que permitió que la universidad se llenara de los hijos
de los obreros, donde antes solamente la pisaba lo que él definía como el oligarca.
Tomando parte de su legado histórico, CFK en el año
2013 presentó el Plan Quinquenal de Formación Docente. En ese contexto, se refirió
al valor de la educación pública como el “gran nivelador”, e hizo referencia a que
“por acá cerca”, se escuchaba que estudiantes universitarios decían que iban a
tener que hipotecar sus vidas para obtener un título. El “por acá cerca” hacía alusión
a Chile.
Si seguimos ese señalamiento, se puede trazar un recorrido
histórico con la última dictadura militar de nuestro país vecino, para así
encontrar raíces profundamente ideológicas arraigadas en la lógica del gobierno
de Milei.
El Shock como herramienta para desorientar
Antes del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973,
en Chile contaban con ocho universidades, dos de ellas eran de pertenencia
estatal, las cuales entregaban educación pública gratuita, abarcando 2/3 del
total de los alumnos universitarios a nivel nacional. Con el derrocamiento de
Salvador Allende, y el ascenso al poder de Augusto Pinochet, esa realidad
cambió. El
28 de septiembre de ese mismo año, el gobierno militar intervino la educación
superior con el propósito de reorganizar aquellas ocho universidades. El ministro
de Educación Superior de ese momento, Hugo Castro Jiménez, justificó dicha
medida en razón de que, en sus propias palabras, las universidades “se
convirtieron en centros de adoctrinamiento y propaganda marxista, amparando la
violencia y el armamentismo ilegal”.
Entre 1973 y 1981, la Dictadura Militar Chilena
realizó una variación en el Presupuesto Fiscal asignado a cada universidad. La
Universidad de Chile, la más antigua en la historia del país, tuvo una
disminución de 18,6% de su presupuesto total, y en la Universidad Técnica del
Estado sucedió lo mismo en un 12,9%. Por otro lado, las casas de estudio privadas
vieron aumentado su presupuesto, en el caso de la Universidad Católica con
89,6%, la Universidad Austral con 34,9% y la Universidad del Norte con 22,2%, a
su vez, la Universidad Católica de Valparaíso aumentó 3,4%, como así también la
Universidad Técnica Federico Santa María en un 2,6%.
El desfinanciamiento universitario se llevó adelante
bajo las consignas de un grupo de economistas chilenos, los “Chicago Boys”, que
en su mayoría estaban formados en posgrados de la Universidad de Chicago (y titulados
en la Pontificia Universidad Católica de Chile). En función de las ideas de
Milton Friedman, fueron los artífices de las reformas para la creación de una
política económica neoliberal de mercado con orientación neoclásica y
monetarista, caracterizada principalmente por drásticas reducciones del gasto
público y de la oferta monetaria.
El gobierno de Pinochet fue analizado muchos años después
por Naomi Klein, en su libro “La doctrina del shock: el auge del capitalismo
del desastre”. En aquel, ella encontró similitudes en “las ideologías
peligrosas que ansían esa tabla rasa imposible, que sólo puede alcanzarse
mediante algún tipo de cataclismo. Estos ataques organizados contra las
instituciones y bienes públicos, siempre después de acontecimientos de carácter
catastrófico, declarándolos al mismo tiempo atractivas oportunidades de
mercado, reciben un nombre en este libro: capitalismo del desastre”. A su vez,
agregaba que “esta ansia por los poderes casi divinos de una creación total
explica precisamente la razón por la que los ideólogos del libre mercado se
sienten tan atraídos por las crisis y las catástrofes. Los creyentes de la
doctrina del shock están convencidos de que solamente una gran ruptura —como
una inundación, una guerra o un ataque terrorista— puede generar el tipo de
tapiz en blanco, limpio y amplio que ansían”.
El escenario planteado por el gobierno de Milei en el que había una hiperinflación futura, que aseguran haber evitado gracias a las medidas que tomaron al inicio de la gestión, sigue dicha lógica. Aprovechando la hipotética crisis que instala, impulsa sus reformas impopulares contra una sociedad que tiene su capacidad de reacción alterada, debido a un padecimiento prolongado de estancamiento económico y una pandemia mundial reciente.
El Conde Caputo y su sed de recursos
Conforme los lineamientos de sus pares chilenos, la
gestión del ministro de Economía Luis Caputo reduce los fondos girados a las
universidades, amparándose en un superávit fiscal que, según afirma, se vería afectado
si se aumentaran las partidas presupuestarias a la educación superior. En esta
línea, el presidente Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada
por el Congreso de la Nación, y actualmente se encuentra negociando con los
legisladores para conseguir las voluntades necesarias que le permitan mantener el
veto. En los últimos días, Caputo hasta llegó a declarar que el Gobierno
acudirá a la Justicia en el caso de que logren revertirlo.
De lo que va del año, se observa que las transferencias
a las universidades nacionales se redujeron en un 34% en términos reales, al comparar el acumulado
de enero – agosto del 2023 y 2024.
De acuerdo con los datos publicados por la Federación
Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al contrastar la pauta salarial
de un docente universitario con la inflación publicada por el INDEC, desde
noviembre de 2023 (antes de la inflación del 25,5% registrada en diciembre)
hasta agosto del 2024, la caída del poder de compra fue del 23,71%.
La norma resistida por la gestión libertaria implicaría
para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595
millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es un
porcentaje similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar el impuesto
a bienes personales, medida que benefició a los sectores sociales de altos
recursos. Además, hay que mencionar que el impacto del aumento presupuestario sería
tan reducido que, bajo la mirada de cualquier análisis serio basado en datos y
evidencia, no implicaría poner en riesgo el tan reiterado superávit fiscal.
A casi 75 años
de ese 22 de noviembre que permitió a miles de jóvenes acceder a la educación
superior y los igualó en términos de oportunidades, permitiendo el ascenso
social de los sectores obreros, vemos a un gobierno nacional que replica las
dinámicas de los momentos contemporáneos más oscuros de nuestra región.
En este sentido, el Conde Caputo solamente se refleja en el espejo de sus maestros. Siguiendo sus enseñanzas, drena los salarios de los docentes y no docentes de las universidades, y pretende que sus víctimas callen mientras deja anémico al gran nivelador de nuestro país.
Melina A. Olivera,
Contadora Pública Nacional,
Maximiliano F.
Parente, Abogado y estudiante de la Lic. en Economía,
7 de octubre de
2024.
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