Solidaridad, esa es la palabra en la que nuestro sistema de jubilaciones encuentra su sentido.
Puede
fusilarte hasta el Banco Mundial
Hasta 1994, la Argentina tenía un Sistema Nacional de
Previsión Social en el que, por medio de un pacto de solidaridad
intergeneracional, los trabajadores en actividad financiaban con sus aportes
las jubilaciones (también llamado régimen de reparto).
El razonamiento cambia cuando el Banco Mundial hace
propaganda para que se implemente en Latinoamérica el régimen de capitalización
individual, en el cual los trabajadores pasarían a acumular sus ahorros en
cuentas individuales para pagar su propia jubilación. Las encargadas de
administrar dichas sumas serían las administradoras privadas, en un intento por
desplazar al Estado de dicha responsabilidad, ya que el objetivo era que
gradualmente se transfirieran a todos los trabajadores al sistema de
capitalización. Así, con los postulados impulsados por la Nueva Ortodoxia
Previsional, y por medio de las presiones de aplicar políticas neoliberales para
acceder a endeudamiento, en 1994 se transformó el sistema previsional argentino
hacia un régimen mixto, donde coexistiría un subsistema de reparto con otro de
capitalización individual (Ley 24.241). Hacia principios del 2000, casi el 90% de los
aportantes lo hacían al Régimen de Capitalización.
A su vez, se cambió la edad jubilatoria (pasando de 55
a 60 años para las mujeres y de 60 a 65 para los hombres) y se aumentó la
cantidad de años de aportes requeridos, elevándose de 15 a 30. Para que las
AFJP pudieran sustentar sus obligaciones, invertían los aportes de sus
afiliados en activos financieros.¿Cómo terminó? Las AFJP apostaron en la
especulación financiera el futuro de sus afiliados (llegaron a un punto en que
solamente el 1,5% de los fondos estaban destinados a acciones argentinas, casi
la totalidad se invertía en activos financieros extranjeros), y el gobierno
nacional tuvo que ir a subsidiarles sus cajas para que los jubilados no
cobraran miserias.
La gente
decente es diferente
Para hacer frente a los problemas del desempleo y el
trabajo en negro que perjudicaron a gran parte de la Argentina durante los 90,
a partir de 2004 se empieza a romper la lógica imperante del sistema, al
sancionarse la "Prestación previsional anticipada" (Ley 25.994). La
misma habilitaba a cobrar en concepto de jubilación anticipada el 50% del haber
que le correspondería a la persona que contaba con los aportes y le faltaban
cinco años de la edad, pero fijaba un piso equivalente a la jubilación mínima.
En noviembre de 2005, se dicta el Decreto 1.454 de
regularización voluntaria de deudas previsionales para autónomos. En su
implementación, más de dos millones de mujeres se jubilaron obteniendo un
ingreso económico propio, y la cobertura de su salud con el PAMI (se llamó a
este proceso jubilación de las amas de casa). Las moratorias previsionales (que
permitieron a las personas en edad de jubilarse, que no cumplían con los 30
años de aportes, acceder al cobro del haber mientras saldaban esa deuda en
cuotas) significaron un enorme movimiento de inclusión previsional que tuvo
efectos hasta el día de hoy.
Del total de 7.214.099 beneficiarios, el 60% (4.359.339)
accedió a un haber por haberse acogido a un esquema de moratoria, sin haber
cumplido los 30 años de aportes requeridos.
Volviendo a la reseña histórica, la crisis de 2007, y
su consecuente desplome en los títulos y acciones a nivel global, marcó el comienzo
del final de la dinámica del régimen de capitalización. El sistema tenía que
cambiar. En diciembre de 2008, con la sanción de la Ley 26.425 de Creación del
SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), se deshace el modelo de
administración mixta y se restituye la modalidad de reparto, de solidaridad
intergeneracional y de administración estatal. La estatización de las AFJP permitió incluir a 3,7 millones de personas
que estaban excluidas del sistema jubilatorio, pasando la cobertura previsional
del 66% al 97%; siendo la más alta de América Latina.
El conjunto de las políticas económicas impulsadas dio
como resultado que se reconociera, en un informe del Banco Mundial de febrero
de 2015, que la jubilación mínima en Argentina era la más alta de la región
(equivalente a 442 dólares).
Te encanará
un robocop sin ley
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, las
jubilaciones fueron el eje central del ajuste en el gasto público (el 19,2% del
recorte). A día de hoy, la jubilación mínima perdió un 13,3% de poder
adquisitivo, si lo comparamos con el periodo septiembre – noviembre de 2023.
A su vez, al cambiar la fórmula de actualización,
se congelaron los haberes para que no puedan recuperar poder adquisitivo, ya
que sólo se moverán en función de lo que aumente la inflación (IPC),
manteniéndose en estos valores.
Hace poco se anunció que los haberes que superen el
monto de $ 355.820 pesos no recibirán el refuerzo del bono (que congelaron en
70 mil desde marzo de 2024, y no tienen planes para aumentarlo este año).
Además, se debe sumar que se sacaron medicamentos de la canasta de PAMI (55
moléculas farmacológicas).
Y como si fuera poco, el gobierno nacional ya anunció que no va
a prorrogar la actual moratoria que vence el domingo 23 de
marzo. ¿Qué es lo que implicaría? Una reforma previsional de hecho, ya
que el 90% de las mujeres y el 70% de los hombres que llegan a la edad de
jubilación no podrán acceder a la misma, al no cumplir con el requisito de los años
de aportes, lo que los terminará empujando irremediablemente hacia la PUAM
(equivalente al 80% del haber mínimo).
Todos estos números explican las movilizaciones que
realizan todos los miércoles nuestros abuelos para pedir por un aumento en sus haberes.
Pero el gobierno no tiene otra respuesta para ellos que no sea mirar para otro
lado, o reprimir para que desistan.
De pegarle a un jubilado no se vuelve, y las imágenes
de la violencia desplegada contra nuestros adultos mayores es consecuencia
directa del endeudamiento cínico que viene sufriendo nuestro país, que nos
condiciona a mantener haberes irrisorios para pagarles con intereses a los
organismos de crédito internacionales. Por eso
no es casual que tanto el Banco Mundial como el FMI avalen el rumbo de Milei, e
insistan en consolidar el superávit fiscal (por algo reclaman una nueva reforma
previsional regresiva).
Y así, el nuevo acuerdo con el FMI funciona como un
somnífero, para que nuestros abuelos continúen inmersos en una pesadilla diaria
de la que no puedan despertar. Al igual que las AFJP en su momento, al Fondo no
le interesa que los abuelos pasen hambre. Mientras ellos puedan cobrar, eso
les dará igual.
Maximiliano F. Parente, Abogado y estudiante de la
Lic. en Economía,
22 de marzo de 2025.
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