EN BUSCA DE LA EQUIDAD: ¿Focalizadas o Universales?- por Melina Olivera

 

El eje del debate cuando hablamos de políticas sociales gira en torno de la gran pregunta, ¿focalizadas o Universales?, de cobertura total o segmentada, decisiones que tienen estrecha relación con modelos de gobierno, progresistas o de carácter liberal.

El individualismo y la meritocracia, términos que identifican el panorama actual argentino, avanzan sobre la descomunitarización, y el mercado pasa a ser el ámbito que ordena y soluciona automáticamente las desigualdades. En este contexto el gobierno nacional, deja de lado el enfoque de derechos y asiste con políticas más focalizadas.

Titmuss (1981), nos habla de tres modelos, el modelo residual de política social de bienestar, donde las necesidades del individuo las satisface el mercado o la familia, asignando un rol subsidiario al estado. Avanza en economías de mercado, en forma de caridad y de control social, asistencialista que ayuda únicamente a los más pobres.

El modelo basado en el logro personal, en el cual se recompensa el esfuerzo y los resultados productivos, que genera lealtades de clase o grupo.

Por último, el modelo Institucional Distributivo. En este modelo la institución del bienestar social es muy importante y reconoce el principio de solidaridad, con un efecto multidimensional en el desarrollo de la comunidad.

En un híbrido entre el Distributivo y el Meritócrata, Argentina amplió su sistema de derechos con la Cobertura de Asignaciones familiares, en el período 2009 y 2012, que pueden sostenerse a medida que el modelo económico vaya consiguiendo buenos resultados, de crecimiento, de inclusión y de aumento del empleo.

Según Solimano (2005), para abordar el desarrollo basado en derechos en América Latina, además de resolver la generación de recursos con el sistema tributario, para sostener la reforma del sistema de derechos, se deben crear instituciones sociales para esos fines, reforzar la rendición pública de cuentas, que conecta a los beneficiarios con quienes formulan las políticas y con las instituciones encargadas de aplicarlas y establecer un nivel mínimo de bienestar, incorporar a la clase media como beneficiaria, hacer incapié en el potencial de los pobres para poseer y acumular activos y crear y fortalecer mecanismos de participación social.

La mayor crítica a las políticas focalizadas es que, para identificar eficientemente a la población objetivo, es preciso contar con una gran cantidad de información. Por ejemplo, llegar a los “muy pobres” no es tarea fácil, delimitar los parámetros socioeconómicos y encontrarlos físicamente es complejo, por la falta de capacidades administrativas para localizar a los marginados, que a menudo se encuentran en áreas rurales y barrios marginales en el sector urbano y muchas veces no están en las bases de datos estatales.

Al negar beneficios a individuos cuyos ingresos superan apenas el monto máximo fijado para identificar a los “muy pobres” se crear conflictos, una comprensible frustración, e incluso resentimiento, en la población excluida y coloca a los beneficiados como víctimas del sistema y no como ciudadanos con derechos.

En Argentina, en a partir del año 2009, se universalizó el cobro de Asignaciones familiares, con la creación de la AUH y la AUE, pero además se amplió el régimen de las AAFF para los empleados formalizados, régimen doméstico y monotributistas.

Los detractores argumentan la falta de mérito de los trabajadores informales, pero en el fondo parece haber un argumento clasista, según Dubet (2015), ante los procesos de universalización suelen emerger resistencias sociales, inicialmente como reacciones “de sectores medios” que encarnaban lo que comenzó a denominarse “hartazgo fiscal”: la negación a pagar por quienes presuntamente no lo merecen, ya que así lo dicta la sospecha meritocrática.

El tema radica en el status, que el proyecto político, le asigne a la redefinición del sistema universalista, ya que son políticas que todos recomiendan, pero que nadie quiere para sí, carecen de sustancia sociopolítica, ya que no hay sujetos que las demanden.

Para Mazzola (2012), la AUH y la AUE constituyen un nuevo paradigma de protección ampliada de la infancia y lo distingue del resto de los programas de transferencias condicionadas, por su carácter universal, por su valor y actualización en el tiempo y las corresponsabilidades que asumen las familias con respecto al fortalecimiento de políticas de infancia, en salud y educación.

Según datos del MTEySS (2014), la cobertura del Régimen de Asignaciones Familiares comprendía al 35% de las NNyA en 1997, mientras que para 2010, la cobertura aumentó al 91.5%.

La corresponsabilidad de por parte de los adultos a cargo de acreditar los controles de salud y educación, impactó favorablemente en los indicadores sanitarios, bajando la tasa de mortalidad infantil, de 13.3% en 2007 a 9.2% en 2019.  En cuanto a los indicadores educativos, la tasa de abandono interanual para 2008-2009 era de 1.15, mientras que en 2018-2019, fue de 0.49.  

La AUH y la AUE, se consolidaron como pilares sobre los que se asentó un conjunto de programas asociados, que vinieron después y que constituyen un círculo virtuoso de derechos para las infancias y adolescencias.

Durante años, los cambios que se hicieron al sistema de Asignaciones Familiares estuvieron orientados a mejorar el control sobre las prestaciones, evitar la doble cobertura, corregir inequidades y optimizar el sistema de pagos.

En 2012, con el Decreto 1667/2012, cuando se crea el Ingreso Total Familiar, se avanzó en aportar mayor equidad y optimizar los recursos, pero a la vez, generó resistencias de aquellos trabajadores que se beneficiaban con el cobro y con la deducción en el impuesto a las Ganancias y que, al reacomodar los topes de las remuneraciones, algunos grupos familiares pasaron a un tramo de ingresos superior, por lo cual recibían un valor menor de la prestación.

Además, se extendió la cobertura a los monotributistas (Decreto 593/16), pero se condicionó al pago oportuno de la obligación fiscal de la cuota del monotributo, restricción que fue eliminada en 2020.

En esta instancia podemos afirmar que todos los trabajadores formales e informales, activos y pasivos, hoy tienen una cobertura monetaria del Estado Nacional, por cada uno de sus hijos menores, sea por transferencia directa o por deducción fiscal.

El aporte de la Seguridad Social a combatir la pobreza, según la agenda ODS 2030 de Naciones Unidas, es mucha, garantizando un piso mínimo sobre el cual puede desarrollarse una comunidad, pero que a la vez debe sustentarse con crecimiento.

Desde la gestión de Javier Milei, el valor monetario de la AUH dejó de coincidir con el valor de la Asignación Familiar por hijo, doblando el primero el valor del segundo, constituyendo un claro ejemplo de desigualdad y conduce al consentimiento por parte de los trabajadores informales de prescindir de sus derechos laborales, a cambio de conservar un ingreso mayor inmediato.

Situación que repercute directamente en la recaudación, en el sostenimiento del sistema previsional, por estimular el trabajo no regularizado.

Esta decisión política se argumenta en la contención alimentaria obligada que debe hacerse a los sectores más pobres para mantener la estabilidad social, en un contexto de caída de la actividad, del consumo y del empleo.

La receta de una democracia estable y fortalecida, es achicando las desigualdades sociales, con una clase media sólida, con servicios públicos eficientes y para ello el estado tiene un rol fundamental, ¿cuál?

Crear los vínculos entre las áreas del estado para que intercambien información, evitando así congestión administrativa en las oficinas del ANSES, de los centros de salud y de los establecimientos educativos.

Hacer los convenios necesarios con las Provincias con cajas no transferidas a la Nación para que adecuen los valores de las Asignaciones Familiares, a los valores que establece el Estado Nacional.

Establecer mecanismos para los beneficiarios sin adultos mayores a cargo, para que puedan administrar su propia asignación.

Crear políticas públicas sociales de carácter universal y adaptar la burocracia estatal para que los trámites y procesos sean fáciles y accesibles, teniendo en cuenta el acceso tecnológico y presencial, según la realidad de cada provincia. 

CPN Melina Olivera